En el año 2007 la ONU proclamó el 15 de octubre Día Mundial de las Mujeres Rurales para poner en valor su vital contribución a la sociedad y sensibilizar a cerca de las problemáticas específicas que sufren.
Ser mujer y además vivir y trabajar en el campo condiciona la vida de millones de mujeres y da lugar a algunas de las situaciones más graves de vulneración de los derechos humanos en el mundo.
En términos generales las mujeres rurales representan más de una cuarta parte de la población, 500 millones viven por debajo del umbral de la pobreza, en África se encargan de atender el 90% de las necesidades de agua y combustible y de elaborar todos los alimentos básicos de las familias, los entornos aislados en los que residen las hacen más vulnerables a la violencia física y sexual incluidos los matrimonios forzados, es la población con menor índice de escolarización, y a menudo carecen de reconocimiento jurídico para adquirir derechos de propiedad sobre la tierra que trabajan o tener acceso a servicios esenciales como el crédito. A esto se añade por ejemplo la realidad de las mujeres rurales de Etiopía, donde la ablación del clítoris sigue siendo una práctica común pese a haber sido prohibida legalmente en el año 2005.
Son las mujeres rurales las que sufren directamente los efectos del cambio climático y la crisis ecológica a la que nos enfrentamos. Ya en el año 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, lo recogió en su declaración porque conlleva el incremento y el endurecimiento del trabajo no remunerado que se les asigna y que es básico para la supervivencia de las comunidades a las que pertenecen. La presión ecológica siempre se traduce en la reafirmación del patriarcado. Paralelamente las mujeres rurales han sido también las protagonistas de numerosas formas de resistencia organizada frente a la destrucción del medioambiente y a favor de la biodiversidad y los modelos de desarrollo sostenible. Acciones que pasan previamente por el empoderamiento femenino y la trasgresión de su rol tradicional, pasivo, subordinado y confinado al espacio doméstico. Por eso desde la Red EQUO Mujeres consideramos que el feminismo no puede prescindir en su discurso de las reivindicaciones ecologistas y del análisis del proceso de retroalimentación que se da entre ambos conceptos.
En nuestro país las mujeres rurales se enfrentan a una terrible desigualdad. Según el Ministerio de Agricultura, aunque ellas representan más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones agrarias familiares, rara vez figuran como titulares de las mismas. Las mujeres aparecen como cónyuges en la categoría de “ayuda familiar” lo que genera una situación de desigualdad que invisibiliza y menoscaba su labor, perpetúa los roles de género y contribuye a la jerarquización de las relaciones familiares. Desde 2011, año en que entró en vigor la Ley de Titularidad Compartida , sólo un centenar de mujeres se han acogido a este derecho. Cientos de miles, por lo tanto, siguen sin cotizar por su trabajo y beneficiarse de prestaciones en igualdad de condiciones. Es por ello que impulsar la titularidad compartida de las explotaciones agrarias es una de las asignaturas pendientes del Gobierno para promover la igualdad, el empoderamiento y la participación de las mujeres en éste ámbito.